Andalgalá, pueblo que lucha.

Andalgalá, pueblo que lucha.

 

El pueblo de Andalgalá viene resistiendo el embate megaminero y se opone a la instalación del proyecto Agua Rica en las nacientes de sus ríos. Desde el 22 de marzo, día internacional del Agua, venían sosteniendo cortes en algunos caminos para frenar el paso de camiones mineros que ingresaban ilegalmente. El Estado catamarqueño ha desatado sobre ellos una violenta persecución.

 

En entrevista con comunicadores de La Carlos Chile, José y Rosa, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, nos cuentan acerca del accionar represivo y las detenciones contra miembros de dicha asamblea luego de manifestarse, una vez más, contra la megamineria. La Asamblea El Algarrobo surgió hace poco más de diez años, para defender “la naturaleza, la tierra, el agua, el aire y la biodiversidad”, de la amenaza que representa la megamineria.

Andalgalá es un departamento catamarqueño, con 20.000 habitantes, ubicado a 240 km de la ciudad capital. Desde 1997 se explota en el lugar la mina a cielo abierto Bajo de la Alumbrera, donde se extraen oro, plata, cobre, molibdeno y otros minerales. La misma emplea en sus procesos extractivos, 1100 litros de agua por segundo, que equivalen a 66.000 litros por minuto y casi 4 millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una persona requiere, para cubrir sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día el agua equivalente a dos millones de personas (Darío Aranda); y se pretende desarrollar un nuevo proyecto, Agua Rica, justo en las nacientes de los ríos que abastecen de agua a toda la región.

Las poblaciones resisten este proceso de entrega de sus territorios y exigen su derecho a la libre autodeterminación para decidir cómo vivir y el respeto por la naturaleza. Andalgalá es un pueblo que enfrenta de pie el poder de las corporaciones mineras, que actúan aliadas con los poderes estatales de turno y la connivencia de una justicia cipaya que día a día se ponen en evidencia.
En este sentido es importante recocer la continuidad como política de Estado del modelo extractivo y de saqueo de los bienes comunes de nuestros territorios, llevado adelante por el gobierno nacional de Alberto Fernández y el gobierno provincial del catamarqueño Raúl Jalil.

En marzo pasado, camiones con maquinarias para perforación ingresaron de manera ilegal en caminos de la zona, para avanzar con el renombrado proyecto M.A.R.A. Este último es el resultado de la integración del yacimiento Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera, llevado adelante por una sociedad de empresas: Yamana, Glencore y Newmont. Agua Rica es un depósito de cobre, oro, plata y molibdeno a gran escala ubicado muy cerca de la ciudad de Andalgalá (a sólo 17 kilómetros), punto en el que nacen los ríos que proveen de agua a la región. Cuenta con reservas de mineral de oro probadas y probables de 7.4 millones de onzas, mientras que reservas de mineral de cobre probadas y probables de 11.8 mil millones de libras. Las y los vecinos denuncian que la autorización para estos movimientos provino del ejecutivo provincial catamarqueño, y realizan cortes de algunos caminos con la finalidad de evitar los ingresos. Sin licencia social la población se declara en alerta.

 

La voz de los asambleístas.

“La lucha viene a partir de la instalación de la minera La Alumbrera que estuvo operando, explorando y saqueando nuestros bienes comunes hace 22 años. Hoy en día vemos que lo que quedó en Andalgalá, el nombre del progreso, fueron únicamente escombros, pobrezas, división social, contaminación que ya está certificada científicamente, contaminación del aire, algunas napas”…. nos cuenta José.

“Hoy en día lo que se pretende instalar es otra empresa megaminera llamada M.A.R.A, que es tres veces más grande que la anterior. En este caso sería la integración de Aguas Ricas con Alumbrera, para poder sacar una serie de minerales, oro, cobre, plata, lo que pone en peligro el agua, uno de los recursos vitales que tenemos para la vida y qué está tan amenazada por el extractivismo en la Argentina y más en los pueblos cordilleranos donde se encuentran gran cantidad de minerales.”

“El 22 de marzo, para el Día Mundial del agua, se realizó una caravana por toda la ciudad, en el momento de concentración para comenzar la Caravana se detectó un gran movimiento de personas trabajadoras de las mineras. Desde ese día se comenzó a cortar, hasta el día de hoy, dos caminos principales comuneros que van hacia el emprendimiento minero.”


“Este hecho viola leyes ambientales, una de ellas es una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobada en el 2010 y la violación de dos resoluciones de la Corte Suprema de la provincia, donde prohíbe al tránsito minero moverse en los caminos comuneros, además estas empresas tienen que tener aprobada la licencia social del pueblo lo cual no lo tienen, ya que hace 11 años nos venimos manifestando”

“El día sábado 10 de abril, ya anoticiada la población de que las máquinas estaban en el cerro trabajando, se realizó como se realiza todos los sábados, la Caminata por la Vida, la número 584, esta caminata se hace ase 11 años, dando una vuelta alrededor de la plaza, rechazando el proyecto minero y en donde se concentra una gran cantidad de personas. En esta ocasión hubo aproximadamente 3000 personas rechazando todo este sistema. A medida que se desarrollaba la caminata normalmente, pudimos ver entre los manifestantes personas ajenas a La Asamblea, personas que nunca fueron a una asamblea, que nunca participaron de una caminata, estuvieron encapuchados y comenzaron a tirar bombas molotov a la empresa lo cual termina con el incendio de la instalación.”
“Desde la Asamblea se ha denunciado esto y hemos rechazado totalmente esas formas de violencia ya que hace más de 11 años caminamos siempre de forma pacífica.”

“El día lunes desde la justicia, la fiscal y el juez de Andalgalá firmaron el allanamiento y la detención de compañeros y compañeras de la asamblea ya que, según ellos, estaban implicados en los incendios. Hasta el momento l@s detenid@s son seis compañeros y una compañera que están en calidad de detenidos.”

“Esto es una clara criminalización de la protesta. Vemos con total preocupación lo que está pasando, van a seguir con los allanamientos y las detenciones, y eso es lo que ocasiona una tensión entre los y las asambleístas por el hecho de no saber a quién le toca.”
Fueron brutales los allanamientos que se realizaron, rompieron casas, rompieron puertas, la policía golpeaba a los compañeros, Aldo Flores un hombre de 72 años, fue golpeado tirado al suelo esposado y además rompieron su casa.”


Ante estos hechos parte de la sociedad y también integrantes de la Asamblea el día lunes 12 de abril a la noche estuvieron manifestándose frente a la comisaría de Andalgalá, reclamando por la liberación de l@s detenid@s.

Rosa, cuenta que se han plantado pruebas, como por ejemplo casquillos de bala “encontrados” en algunos patios. Denuncia también la militarización del lugar, cuando en realidad debería haber ayuda y apoyo sanitario ya que el hospital se encuentra desbordado y el Covid 19 se cobró la vida de 12 personas en las últimas semanas.

En la última actualización de la situación, Rosa relata que están cambiando la fiscalía, nombrando a un fiscal de Catamarca y que hay varios asambleístas asediados por combis con policías frente de sus casas. Hasta este momento l@s compañer@s continúan detenid@s.

La situación de hostigamiento y persecución es gravísima. Andalgalenses denuncian ser perseguidos deliberadamente por personal policial uniformado y de civil, están siendo filmados y fotografiados de manera ilegal, en Huachaschi las viviendas de personas vinculadas con la defensa del agua, están siendo sobrevoladas con drones, mientras en Huaco personal de las fuerzas especiales se apuesta frente a las casas, encapuchados y mostrando armas largas hasta altas horas de la noche. Existe en estos momentos, una vulneración clara de las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales de los Andalgalenses, por parte de los gobiernos provincial y nacional.

Son numerosos los pedidos por la liberación de los detenidos y las movilizaciones de apoyo en distintos puntos del país. La militarización, amedrentamiento, persecución y judicialización de los que luchan y del pueblo todo de Andalgalá, busca aleccionar y silenciar. Muestra que cuando el clamor de un pueblo no puede acallarse por medio del convencimiento del asedio de la pauta publicitaria deben recurrir a la violencia estatal organizada.

 

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