Liberaron a los asambleístas detenidos en Andalgalá.

Durante 14 días l@s asambleístas permanecieron detenid@s. Fueron encarcelad@s en el marco de las protestas anti mineras en oposición a la instalación del proyecto MARA, en las nacientes de sus ríos.

Asambleístas al momento de su liberación.

Alrededor de las 14hs de ayer l@s asambleístas de Andalgalá fueron puest@s en libertad pero no desjudicializad@s. Según un comunicado de la Asamblea El Algarrobo, ante la falta de pruebas que incriminen a l@s manifestantes y habiéndose cumplido los plazos, la fiscal Marta Nieva firmó un decreto de liberación de l@s detenid@s, bajo una caución de $300.000 cada un@.

Sin embargo, a pesar de su liberación, continúan  vinculad@s a causas abiertas, en una clara judicialización de las luchas ambientales que el pueblo de Andalgalá lleva adelante contra el proyecto MARA, que intenta instalarse en las nacientes de los ríos que irrigan la zona. En su comunicado reiteran, “no tienen licencia social” para la explotación, por lo tanto la “lucha continúa”, hasta que “no haya ningún/a compañer@ más judicializad@ por defender el agua de nuestra cuenca”.

Denuncian que el incendio de las oficinas de minera Agua Rica fue un escenario preparado por la empresa y el poder de político de turno, que personas infiltradas fueron quienes llevaron adelante el siniestro y no l@s manifestantes. Esto sirvió de detonador para violentos allanamientos y la apertura de causas a luchadores ambientales en una clara vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.

Es necesario recordar que quien ordenó los allanamientos y detenciones es la fiscal Soledad Rodríguez, la misma que durante el gobierno de Lucía Corpacci participara, en representación de Minera del Altiplano S.A., en una Convención Minera realizada en la ciudad de Toronto, Canadá. Este es el principal evento industrial del mundo, vinculado a la exploración y explotación minera, que reúne a inversores, analistas, ejecutivos mineros, geólogos y funcionarios gubernamentales de distintos países del mundo.

Esto pone en evidencia la incompatibilidad de intereses de la fiscal para intervenir en un conflicto de esta naturaleza y, aún más, las complicidades entre el sector minero y el gubernamental, donde este último desplegó las fuerzas represivas a su cargo para frenar la decisión de un pueblo que le dice No a la Megaminería.

Como vemos, el modelo megaminero lucha por imponerse a como dé lugar, pareciera que el lobby empresario no deja oficina gubernamental, ni de justicia sin permear y ante la imposibilidad de los consensos se impone con represión, sin embargo, la lucha del pueblo de Andalgalá es histórica y está muy lejos de agotarse. Es una chispa de dignidad encendida, de autodeterminación y soberanía, ejemplo de lucha de pueblo revelado contra el capital, en defensa del agua y de la vida.

No tienen licencia social!!

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