Claves para entender la crisis de Chubut.

Claves para entender la crisis de Chubut.

Nuevamente, Chubut es noticia. El jueves 4 de marzo se suspendió la sesión de la legislatura en la que se pretendía aprobar el proyecto de zonificación que habilitaría la megaminería en la provincia. El día anterior ese proyecto había obtenido dictamen favorable en la Comisión de Ambiente. Inmediatamente, apenas conocida la novedad, hubo movilizaciones y manifestaciones en contra, en toda la provincia.

Tal vez el gobernador Mariano Arcioni tenga asegurados los votos mínimos para aprobarlo. Lo que no tiene a favor es la voluntad popular y resulta que, finalmente, el pueblo existe y, en Chubut, está en la calle.

Compartimos aquí cinco ejes para entender rápidamente lo que pasa en esta provincia patagónica.

1. Un gobierno sin legitimidad

Mariano Arcioni es un kirchnerista-de-repente, que terminó en el Frente de Todos siguiendo los pasos de uno de sus mentores, Sergio Massa. Es el líder de Chubut Somos Todos (ChuSoTo), partido que integra la alianza Chubut al Frente y que fue construido por el fallecido Mario Das Neves (su otro mentor) para oponerse al kirchnerismo. De hecho, fue electo gobernador, rivalizando con el Frente de Todos. Y eso no ocurrió hace mucho tiempo, sino hace poco más de un año.

Además de este posicionamiento volátil, hay dos zonas de conflicto que horadan su legitimidad. La primera es la relación con los trabajadores estatales y la pésima gestión de los servicios públicos (en especial, educación, salud y obras públicas). Si bien él y su entorno pertenecen a un grupo que hace uso de la educación privada más costosa, resulta que la educación pública afecta a mucha gente. A los docentes y a los alumnos y sus familias.

La otra zona de conflicto es la socioambiental. Arcioni ganó las elecciones haciendo campaña en contra de la megaminería y, meses después de asumir, con el apoyo entusiasta del gobierno nacional, anunció su decisión de habilitar esta actividad extractiva en la provincia. Por supuesto, esto es una traición al compromiso electoral asumido. No se puede ver de otra forma.

Y lo mismo vale para el bloque mayoritario de legisladores, que acompañó ese discurso ecologista. También los legisladores de las otras fuerzas evitaron pronunciarse en campaña a favor de la minería a cielo abierto.

Entonces, al impulsar el proyecto de zonificación, el gobierno solo consigue aumentar su propia ilegitimidad y aumentar el enfrentamiento con el pueblo.

2. Una clase política decadente

La clase política chubutense se caracteriza por el reciclaje y el cambio de camiseta. Hasta los más jóvenes participan de ese círculo vicioso. Si bien esto no es exclusivo de esta provincia, acá se ha elevado el panquecazo al rasgo de requisito ineludible. Das Neves fue menemista y luego enfrentó a Menem, junto con Néstor Kirchner. Luego, se enfrentó a Cristina Kirchner, en una aventura presidencialista con Eduardo Duhalde. Llevó a la gobernación a Martín Buzzi (otro exmenemista reciclado), pero este, apenas ganó, lo traicionó y se hizo kirchnerista-de-repente. Entonces, tan enfermo como enojado, Das Neves se presentó a las próximas elecciones a la gobernación y venció a su exahijado político (que compitió por el kirchnerismo). Triunfó, pero no pudo completar el mandato. Luego de su muerte, asumió su vicegobernador, Mariano Arcioni, quien también terminó traicionando el legado dasnevista y se pasó al kirchnerismo. En medio de este proceso, junto con Das Neves, Buzzi y Arcioni, se reacomodaron una y otra vez senadores, diputados nacionales, diputados provinciales y muchísimas figuras de distinto rango. ¿Y los principios? ¿Y la coherencia ideológica? Bien, gracias.

La situación en la legislatura refleja este deterioro político. Para aprobar el proyecto de zonificación minera, Arcioni necesita de todos los votos posibles, incluido el de Sebastián López, legislador que saltó a la fama en diciembre del año pasado, cuando se difundió un video en el que se lo veía pedir una coima a una empresa minera, para hacer “la rosca política”. López fue expulsado de su partido, el PRO, y, en vez de renunciar a su cargo por vergüenza, conformó un bloque unipersonal y se pasó a la alianza oficialista. Si los que se cambian de camiseta de una gestión a otra tienen poca representatividad en el pueblo, qué se puede decir de alguien que ya no tiene ni camiseta, pero sí el abrigo de las “cien lucas” que supo pedir a las mineras por sus servicios.

3. Un proyecto mal parido

El proyecto de zonificación minera comenzó mal y, si el dicho popular tiene razón, lo que mal comienza mal acaba. En primer lugar, fue hecho de manera secreta en reuniones entre el gobierno provincial y algunas empresas mineras. De allí, surgió el texto que fue elevado a la legislatura en noviembre del año pasado. No hubo consulta previa a los pueblos originarios que viven en la región en la que pretenden habilitar inicialmente la actividad, lo que viola el Convenio 169 de la OIT. Cuando el gobierno invitó, de manera general, a las comunidades mapuche-tehuelche a opinar sobre el proyecto ya presentado, todas emitieron un pronunciamiento rechazándolo.

No fueron consultadas en el proceso de elaboración las instituciones académicas y científico-tecnológicas de la provincia. Todas ellas emitieron un pronunciamiento rechazando el proyecto y pidiendo que se lo retire.

Tampoco fueron consultadas las organizaciones socioambientales, que, sin duda, tienen mucho que decir.

En respuesta a las críticas de falta de participación, el gobierno organizó en enero unas jornadas de debate. Aunque virtuales, no fueron difundidas por Internet. Los invitados (todos promineros) hicieron aportes que fueron recogidos en un documento que sugería modificaciones al proyecto. Por ejemplo, bajar el porcentaje de regalías para el control ambiental (1,5%) y fijar un suculento monto para las dirigencias gremiales participantes (2%). Algunas de esas “mejoras” indicaban que debía habilitarse la minería en todo el territorio provincial, no solo en la (flexible y difusa) región de la Meseta.

Al día de hoy, nadie conoce el texto que aprobó la Comisión de Ambiente y que pretende aprobar el gobierno tan rápido como pueda. Así de oscura es la maniobra.

4. Una profunda crisis estructural

Alguien puede pensar que es difícil explicar cómo una provincia tan rica y con tanto potencial está quebrada. Pero no es tan complejo: tuvo y tiene pésimos gobiernos. Se destacan en esta línea, el de Martín Buzzi, el de Mario Das Neves y el de Mariano Arcioni.  El Estado está debilitado por una deuda externa impagable y una deuda interna que imposibilita su normal funcionamiento. Arcioni logró hace poco un “reperfilamiento” de la deuda externa (en dólares, con las regalías petroleras como garantía) y, a cambio de más deuda, transfirió mayor presión para quien ose gobernar luego de su mandato.

A la vez, el gobierno está atravesado por denuncias de corrupción. Más de veinte funcionarios están procesados por malversación de fondos e incumplimiento de deberes.

Pese a la situación deficitaria, Arcioni destina una gran cantidad de dinero para lograr la amabilidad de gran parte de la prensa. Es así que, si algún incauto lee alguno de los diarios y portales de noticias más importantes, podría pensar que todo está bien y la gente está feliz.

5. Un pueblo movilizado

La lucha socioambiental es la más importante en la provincia, en los últimos 30 años. Hablamos de una lucha que comenzó en 2003, en torno al famoso plebiscito de Esquel, y que tiene raíces que se remontan a la oposición al intento de Menem de instalar un basurero nuclear en Gastre.

Pese a que el gobierno y el lobby minero amordazan a la prensa y coimean a funcionarios, la oposición a la megaminería es cada vez mayor. Las marchas son multitudinarias y abarcan a varias generaciones. Es frecuente ver a los abuelos con sus hijos y sus nietos. Hay mucha juventud que encuentra en esta forma de participación un modo de expresar su rechazo a la política tradicional.

Esta lucha es policlasista y multicultural. Incluye a grupos urbanos y rurales, a grupos “blancos” y a mapuche-tehuelche, a trabajadores de todos los ámbitos. Hasta los afiliados de gremios cuyas cúpulas se alinearon con Arcioni se suman compartiendo flyers, noticias y mensajes por las redes sociales.

En todo este proceso el pueblo ha realizado aprendizajes valiosísimos. Actúa a través de una dinámica de asambleas que contrasta con la linealidad autoritaria de los aparatos partidarios. Desarrolla procesos de información, enseñanza y divulgación participativos y horizontales. Todos aprenden y todos pueden explicar lo que está pasando y lo que pretende hacer el gobierno y el lobby minero.

En la Constitución Provincial se prevé un mecanismo de democracia semidirecta: la presentación de proyectos de Iniciativa Popular en la Legislatura, con el aval de al menos el 3% del padrón electoral. Solo hubo dos casos en la historia de Chubut: la Iniciativa Popular contra la megaminería presentada en 2014 y la presentada en noviembre del año pasado. En 2014, el tratamiento fue burlado por la mayoría de los legisladores. Esa instancia fue reprobada públicamente luego de la difusión de la fotografía de Gustavo Muñiz, recibiendo pedidos del gerente de una empresa minera en plena sesión.

La Segunda Iniciativa Popular fue avalada por más de 30.000 firmas. La cámara de diputados tiene un plazo máximo de seis meses para tratarla. Es decir, a más tardar en mayo, deberían analizar un proyecto que, a diferencia del de zonificación, expresa la voluntad del pueblo.

No es una cuestión de votos

En este momento, hay manifestaciones en diferentes puntos de la provincia. Si se llega a aprobar el proyecto de zonificación, habrá un estallido social que posiblemente se lleve puesto al gobernador y sus socios.

La casta política sabe esto y, por eso, duda. Es posible que el lobby minero tenga los votos mínimos para aprobar su proyecto. Pero eso no es suficiente cuando enfrente hay un pueblo despierto y movilizado.

No es cuestión de plata ni de lealtad partidaria: es cuestión de dignidad.

El enfrentamiento está declarado. De un lado, está el pueblo y, del otro, el lobby minero y el gobierno. La mayor responsabilidad, claro, está en este último: por un lado, el gobierno debería esforzarse por escuchar y respetar al pueblo; por otro lado, si no lo hace y fuerza la aprobación de la zonificación minera, estará impulsando situaciones de protesta y de violencia en todo el territorio.

Hay que estar atentos a lo que pase. La provincia tiene antecedentes de gatillo represor y de patotas sindicales lanzadas para “disciplinar” los grupos que luchan por sus derechos. El pueblo está en la calle y no hay virus que lo meta en la casa.