Ante las protestas antimineras continúan los allanamientos y detenciones.

Ante las protestas antimineras continúan los allanamientos y detenciones.

 

Los asambleístas denuncian atropellos y la instauración de un estado policiaco.

Último momento

FABIO PAZ EN RADIO SUR SOBRE LA SITUACIÓN EN ANDALGALÁ. 15/04/21

 

En el día de ayer continuaron los allanamientos y detenciones. Ya son 11 l@s asambleístas detenid@s. Por estas horas se vive con extrema tensión. El clima es de intimidación. Los habitantes denuncian rotura de sus casas, golpes y amedrentamiento durante las detenciones. Presencia policial con armas apostados frente a las casas de los asambleístas, drones filmando y fotografiando, patrullas y vehículos de civil con personas encapuchadas y armas. Durante las detenciones, secuestraron los teléfonos y computadoras de asambleístas responsables de la difusión radial. Sobre esta situación, el Ejército se hizo presente  en las calles del lugar.

Todo comenzó cuando la empresa minera Yamana Gold, custodiada por Gendarmería, movilizó maquinarias para comenzar a perforar el Aconquija en lo que denominan proyecto MARA, y para el cual no cuentan con licencia social. De inmediato, los pobladores cerraron el ingreso cortando los caminos de acceso. El sábado pasado, como todos los sábados desde hace algunos años, los andalgaleses realizaban su marcha 584 en rechazo a la megaminería. Personas que asambleístas denuncian infiltradas incendian oficinas de Minera Agua Rica y comienza así, una saga siniestra de atropellos y detenciones contra los defensores del agua.

Tras años de lucha el pueblo de Andalgalá logró frenos a la actividad minera mediante la presentación de un amparo y un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y luego mediante la aprobación de la Ordenanza Municipal 029/16 que prohibía la actividad en el departamento. Más tarde, en diciembre de 2020, en una embestida más del poder de lobby minero, la Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de dicha Ordenanza. Los andalgaleses sostienen que no hay minera, ni Corte de Justicia, ni gobierno que pueda decirles como vivir y proteger su agua y su territorio.

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