JUSTICIA. ¿Qué Justicia?

Por Hugo Blasco[1]

La mal llamada “justicia”, en realidad, el sistema judicial argentino conformado por los poderes judiciales provinciales y el nacional y federal, nunca tuvo buena imagen, sobre todo entre los sectores populares.

Ya en el Martín Fierro, el Viejo Vizcacha aconsejaba: “Hacete amigo del juez/ no le des de qué quejarse…/ pues siempre es güeno tener/ palenque ande ir a rascarse“. ¡Pavada de consejo!

En los últimos años se empezó a cuestionar el accionar de un número cada vez mayor de magistradas y magistrados de todo el país que incluye a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se suceden denuncias por prevaricato, manifiesta parcialidad incluso con fines políticos partidarios, incumplimiento de los deberes de funcionario público a lo que se agregan los casos de violencia laboral y de género en los ámbitos tribunalicios. En muchos casos, los hechos fueron denunciados y puestos en debate gracias al trabajo permanente de los sindicatos y trabajadores judiciales.

Hay que señalar que esas conductas reprochables no comenzaron en los últimos años, sino que vienen desde el fondo de la historia misma.

En tal sentido, hay que tener presentes ciertos antecedentes de la “justicia”, como  ser: la convalidación del golpe contra Hipólito Irigoyen por parte de la CSJN, la justificación de la entrega de soberanía por parte de gobiernos cipayos; la  legalización de la pérdida de derechos adquiridos de las y los trabajadores, la protección de las policías bravas y de los grupos para policiales en todo el territorio nacional,  constituirse en instrumento de persecución política y social a pedido de los sectores dominantes, jurar sus cargos en nombre del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional por encima de la Constitución; mirar para otro lado, o incluso, ser parte del terrorismo de estado. Podríamos seguir.

Lamentablemente la situación en relación a los poderes judiciales sigue siendo una vergüenza.

Seguimos teniendo un sistema judicial clasista, verticalista, elitista, jerárquico, arbitrario, antidemocrático, paternalista y machista.

Hoy seguimos observando el rol persecutorio de la “justicia” contra los grupos más vulnerables del pueblo como las y los jóvenes pobres, para quienes sólo tiene respuestas provistas por el Código Penal, incluso, avalando secuestros, desapariciones y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en perjuicio de ellas y ellos o respecto a la población extranjera y migrante ante quien actúa con criterios discriminatorios y xenófobos.

Capítulo aparte merecen las demostraciones de cómo actúa gran parte de la justicia en los casos de violencia de género. Nula protección y contención a la víctima escudándose en retorcidas interpretaciones legales para justificar su mal desempeño por acción u omisión y cuyo resultado final muchas veces es el femicidio.

¿Puede llamar la atención el fallo de la CSJN respecto a la cuestión de la presencialidad o no de las clases en el contexto de pandemia? La Corte reconoce que no sabe nada sobre políticas sanitarias pero, a pesar de su ignorancia, aprueba que las niñas y niños escolares como así también docentes, auxiliares de la educación y personal administrativo sean víctimas y vehículos de contagio de la Covid-19.

Es la misma Corte que tiene dos miembros que aceptaron ser designados jueces de manera ilegal en enero de 2016 por Mauricio Macri. Eso sólo los impugna éticamente para ser jueces, aún en el más pequeño juzgado de paz.

Sin lugar a dudas que las y los ciudadanos de a pie seguiremos padeciendo a estas y estos impresentables a los que nadie conoce ni por nombres ni físicamente y que pueden disponer de nuestros bienes, nuestras vidas y de nuestra libertad a su discreción.

Un detalle: un grupo importante de los sectores de la “política” son principales responsables de esta situación por cuanto son quienes designan y sancionan o no a estos personajes. Y no solamente a los integrantes de la Corte Suprema o a los jueces de Casación que resolvieron hace horas la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por mandos militares contra soldados conscriptos en la Guerra de Malvinas sino a todas las juezas y a todos los jueces de la Argentina.

De todas maneras, cabe mencionar que no todos los integrantes del poder judicial son venales y corruptos. Hay una porción pequeña de muy buenos jueces y juezas, generalmente blanco de las críticas de la derecha más repugnante.

Parte de la solución es encarar seriamente una profunda reforma judicial debatida y consensuada por el conjunto de los sectores políticos, sociales, académicos, de trabajadoras y trabajadores, de derechos humanos, que permita diseñar un poder judicial en condiciones de dar respuesta a la demanda de justicia. Un aspecto fundamental de esta reforma es establecer mecanismos de selección y designación de jueces y juezas que garanticen la mayor transparencia y publicidad en tal cometido reconociendo a las y los postulantes fehacientemente comprometidas/os con la democracia y los derechos humanos.

Claro que la cuestión de fondo pasa por la constitución de un poder constituyente, gestado desde abajo, que modifique de raíz el orden social, con base en la solidaridad social y el cuidado de la vida y la naturaleza. Entonces sí habrá justicia.

Argentina, 6 de junio de 2021.-


[1] Secretario General de la Federación Judicial Argentina, FJA y Coordinador de La Chile, Corriente Sindical.

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